“Institucionalidad frente al crimen organizado”, llevó por nombre el seminario que el Centro de Derecho Penal (CEDEP) de la Universidad de Talca y Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián, organizaron junto al Senado de la República el pasado viernes 26 de abril.

Durante este seminario, llevado a cabo en el Salón de Sesiones del Senado del ex Congreso Nacional en Santiago, se revisaron los cambios que se necesitan en la institucionalidad para hacer frente al crimen organizado en el país, el cual se ha manifestado en delitos tales como el narcotráfico, tráfico de armas y municiones, cibercriminalidad, lavado de activos, entre otros.

La apertura de esta instancia estuvo a cargo del Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Iván Flores García, quien enfatizó en la importancia de la seguridad como una prioridad nacional, abogando por un enfoque unificado y sin personalismos para poder enfrentar este desafío.

Por su parte, el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UTalca, Iván Obando Camino, expresó que se trata de una actividad de gran relevancia en donde “se involucra a la academia en la discusión de temáticas de actualidad y que conforman la agenda de políticas públicas, como lo es el enfrentamiento del crimen organizado en Chile”.

Enfrentamiento del crimen organizado desde tres aristas

La jornada estuvo dividida en tres paneles, el primero llevó por nombre “Desafíos actuales para enfrentar la delincuencia organizada” y estuvo integrado por el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego Larraín, la Secretaria General Cámara Nacional de Comercio, María Ignacia Rodríguez y el Presidente Asociación Municipalidades de Chile, Gustavo Alessandri Valdés.

El segundo panel se tituló “Retos para el diseño de política pública en seguridad”, allí participó el ex Director Nacional de Gendarmería, Christian Alveal Gutierrez, la Subdirectora Académica de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Carolina Sancho Hirane y el Director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Armas y Personas, Homicidios y Lavado de Activos del Ministerio Público,  Ignacio Castillo Val.

Finalmente, el tercer panel abordó la siguiente interrogante: “¿El Derecho Penal tradicional es suficiente para combatir la delincuencia organizada del siglo XXI? Diagnóstico y solución”. Durante este espacio, participó el Juez de Garantía de Santiago, Fernando Guzmán Fuenzalida, el profesor de Derecho Penal la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UTalca, Raúl Carnevali Rodríguez y el profesor de Derecho Penal y Director del Magíster en Derecho Penal Económico de la Universidad San Sebastián, Iván Navas Mondaca.

Un abordaje multidimensional del crimen organizado 

Al respecto, el profesor Carnevali, indicó que el abordaje del crimen organizado debe ser “multidimensional, con esto me refiero a que combatir este fenómeno no es solo un problema del Derecho Penal, sino que deben incorporarse medidas previas desde las distintas áreas de la sociedad”.

Explicó que una forma de enfrentarlo es a través de “por ejemplo, una Ley de Inteligencia, que nos permita adelantarnos a los movimientos de organizaciones criminales y que podamos capacitar a las policías para que ellas puedan enfrentarlos eficazmente”.

Agregó que “hay medidas que están asociadas al comercio, como por ejemplo, evitar el pago en efectivo a partir de ciertas cantidades de dinero. Hoy, sin perjuicio de que deben informar a las autoridades,  las automotoras no tienen limitaciones en cuánto a la recepción del pago en efectivo por la compra de un vehículo de alta gama, las tiendas de lujo incluso tienen contadores de billetes. En países desarrollados no se permite la compra de productos de gran valor si el pago no es a través de tarjetas”.

Señaló que “a nivel municipal, no hay mayores limitaciones en cuanto a la entrega de permisos y patentes para comercio que claramente no es lícito, como por ejemplo, barberías que atienden hasta altas horas de la noche”.

Por último, mencionó  que “en el área penitenciaria, lo ideal sería establecer un sistema de cárceles que efectivamente tenga las máximas medidas de seguridad, reales restricciones y que se sienta el peso de la cárcel”.