Con el objetivo de analizar el rol de las denuncias como herramienta de prevención y persecución penal, el Centro de Estudios de Derecho Penal (CEDEP) de la Facultad realizó el seminario “Presente y futuro del whistleblowing en Chile”, instancia que reunió a especialistas nacionales e internacionales para reflexionar sobre esta figura clave en el derecho penal contemporáneo.
El whistleblowing se refiere a la acción de trabajadores o funcionarios que informan a las autoridades sobre prácticas ilegales, corruptas o contrarias a la normativa al interior de sus propias organizaciones, constituyéndose como una herramienta clave para la detección y prevención de delitos. Al respecto, el director del CEDEP, Raúl Carnevali, señaló que todavía falta un camino importante por recorrer en el perfeccionamiento de esta materia.
“Una de las grandes discusiones que se dio es si hay que establecerlo como un derecho de los ciudadanos o como un deber, ahí nosotros tenemos una lógica de no imponer esto y que el ciudadano vea si lo quiere hacer. Entonces, de alguna manera, está el propósito de poder regular esta materia, pero por otro lado están las dificultades culturales que en este contexto se puedan presentar“, afirmó.
La actividad contó con la exposición del académico español Ramón Ragués, catedrático de Derecho Penal de la Universitat Pompeu Fabra, quien abordó la evolución del whistleblowing en Europa y los desafíos pendientes en materia de protección a denunciantes.
Durante su intervención, el experto advirtió que, si bien Europa ha desarrollado marcos regulatorios en esta materia, aún existen aspectos que pueden perfeccionarse, especialmente en lo relativo a resguardar efectivamente a quienes denuncian.
En ese contexto, el académico señaló: “En Europa hubo una directiva de la Unión Europea que los Estados miembros han ido concretando en leyes nacionales y, desde mi punto de vista, hay muchos aspectos de esta ley que son mejorables, es decir, que no protegen adecuadamente a estas personas. Y como sé que en Chile se está discutiendo también sobre la conveniencia de mejorar esta protección, he intentado aportar la experiencia europea para que, en la medida de lo posible, no se incurra en lo que yo creo que son errores por parte de los países de la Unión Europea”.
Asimismo, el profesor Ragués enfatizó que hoy la preocupación se centra principalmente en trabajadores o funcionarios que denuncian irregularidades dentro de sus propias instituciones, quienes suelen enfrentar represalias laborales, lo que refuerza la necesidad de avanzar en mecanismos de protección eficaces.
El seminario también contó con los comentarios de la académica Laura Mayer y la moderación de Tatiana Maldonado, quienes aportaron una mirada local al debate. La actividad se desarrolló en modalidad presencial y online, congregando a académicos y profesionales interesados en el derecho penal económico y en las herramientas jurídicas para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en las organizaciones.
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