La Escuela de Ciencia Política y Administración Pública, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, organizó un coloquio titulado: “Confianza legítima en los funcionarios públicos: efectos del dictamen de contraloría en la función pública”, lo anterior, a partir del dictamen presentado por la nueva Contralora General de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez.

Al respecto, el Director de la Escuela, Fernando Soto Ramírez, manifestó que discutir sobre esta temática con los estudiantes “es relevante, estos contenidos fueron abordados en dos módulos de la carrera y es importante actualizarlos desde una noticia que está sucediendo y que está impactando de frente a los funcionarios públicos, que va a ser donde en el futuro ellos se van a desempeñar”.

Quien estuvo a cargo de liderar esta instancia, fue el profesor de Litigación Laboral e Introducción al Derecho de la Facultad, Cristian Toledo Toledo, quien explicó que el problema inició luego de la reinterpretación de la Contralora “respecto a lo que es la confianza legítima, es decir, la idea que tienen las personas que están en el sistema de contrata en el servicio público, de que si les han hecho su contrata uno, dos o tres años, tendrán la confianza legítima de que el cuarto año también se les va a contratar”.

Agregó que si bien, el anterior Contralor General de la República, Jorge Bermúdez Soto, expresó que al ser esto una situación habitual, incluso había que automatizarlo, siempre y cuando se cumplieran con los requisitos solicitados. Señaló que la nueva Contralora Pérez, indicó que este sistema “es litigioso, es  decir, es posible que pueda haber juicio con esto, y claro, hay una norma de la propia Ley de la Contraloría que dice que cuando los asuntos son litigiosos la contraloría tiene que abstenerse, pero para que sea propiamente litigioso tenemos que tener un conflicto de relevancia jurídica y que esté en tribunales la potencialidad de que pueda pasar”.

Respecto a las soluciones de esta situación, el profesor Toledo indicó que “lo primero, es presentar un recurso de protección, la segunda opción puede ser el cambio de la Contralora y la solución de fondo es que exista una ley, y la ley más fácil de hacer para esto es una ley interpretativa porque se decide con el 50% más uno de los asistentes”.

En relación a aquello, el académico expuso que en los medios de comunicación indicaron que “había un grupo de parlamentarios que estaba planteando presentar esta ley. Los parlamentarios no pueden dejar problemas que son tan trascendentes a la contraloría y a los tribunales”, concluyó el académico.