Los profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Diego Palomo Vélez, Cristian Contreras Rojas, Evelyn Vieyra Luna y Manuel Urzúa Urzúa, participaron del VI Foro Anual de la Red Procesal, el cual se realizó este 21 y 22 de agosto en la Universidad del Desarrollo en Santiago.

Este año, el Foro llevó por título “Más allá de la tutela jurisdiccional clásica”, instancia en que los profesores Manuel Urzúa y Evelyn Vieyra, expusieron sobre temas que enfocados en la temática.
La profesora Vieyra expuso sobre: “El derecho a información y sus mecanismos procesales: Efectividad de soluciones autocompositivas como presupuestos de las tutelas diferenciadas”.

Allí explicó que “una de las técnicas procesales utilizadas en el reconocimiento de tutelas diferenciadas es el auspicio de las soluciones autocompositivas como forma de solución de los conflictos. De la constatación de la normativa vigente y los datos empíricos respecto a la conciliación ante la inspección del trabajo, la mediación ante el Consejo de Defensa del Estado y la Mediación Familiar se puede verificar que resulta indispensable para la eficacia y efectividad de estas el derecho a acceso a información, como arista del derecho de acceso a la justicia”.

Agregó que debido a esto “se sugiere, para fortalecer estas como otras formas autocompositivas de solución de conflictos en Chile, la implementación del deber de divulgación, así como el derecho a requerir información, mediante la introducción normativa de nuevos o mejorados mecanismos procesales de revelación temprana de información o prueba pertinente, existentes a nivel comparado. Lo anterior, no sólo reduciría la tasa de judicialización, sino que fortalecería la igualdad de armas entre las partes e incentivaría los acuerdos, pues desaparecería el positivismo relativo que se tiene de los resultados de un juicio o bien, eliminaría el negativismo relativo a promover acuerdos más serios y justos, para las partes que se encontraban mal informadas, en su defecto, las partes llegarían más informadas y, por tanto, más preparadas para el eventual juicio”.

El profesor Urzúa en tanto, llevó a cabo una presentación titulada: ¿Qué condiciones podrían permitir la compatibilidad entre la incorporación de IA en procesos criminales con el derecho fundamental a la intimidad desde la óptica del derecho fundamental de defensa? En donde detalló que “la inteligencia artificial aplicada al proceso judicial ha tenido como uno de sus elementos centrales la introducción de softwares de herramientas predictivas del riesgo de reincidencia criminal en diversas etapas del proceso penal. A partir de su incorporación, se han ido identificando los diversos conflictos éticos que riñen con una diversidad de derechos fundamentales, especialmente, el derecho fundamental a la intimidad y el derecho fundamental de defensa del procesado”.

Agregó que “mediante la ponencia, se abordó la configuración de las herramientas predictivas del riesgo de reincidencia criminal y sus aspectos principales de funcionamiento, junto con los grandes conflictos que ha traído el funcionamiento de ellas en base a IA, estos son, la opacidad en dicho funcionamiento, la existencia de sesgos de predicción y la recolección de datos íntimos del procesado. Asimismo, se identificó el esquema de vulneración de ambos derechos fundamentales, y su impacto procesal dentro del iter procesal”.

Finalmente, concluyó que, “se propusieron una serie de condiciones que podrían facilitar y sentar las bases para una posible compatibilización entre dichas herramientas y los derechos fundamentales implicados: una transparencia en la producción y el funcionamiento de las herramientas, una delimitación de los datos personales que serían necesarios para ello, una delimitación de los riesgos de vulneración del derecho de defensa del procesado, y en último término, la necesidad de que el Estado autorice el funcionamiento junto con una intervención humana amplia sobre la herramienta”.